PLAN DE CHOQUE EN DEPENDENCIA 2021-2023

El Gobierno, interlocutores sociales y las comunidades autónomas han aprobado con fecha 18 de enero de 2021, el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 con un amplio consenso en torno a los objetivos y medidas a llevar a cabo.

La Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia inició su trabajo en julio de 2020 y desde entonces ha venido realizando reuniones regulares en cuyas conversaciones han participado CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, junto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales

Entre los acuerdos alcanzados con los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social en Dependencia, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y la Atención a la Dependencia figuran como ejes centrales:

Un aumento de la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) por parte de la Administración General del Estado.  Este incremento de la financiación deberá revertir en:

Medidas concretas de mejora del SAAD orientadas a tres objetivos principales:

  • Reducción sustancial de la lista de espera y tiempos de tramitación de las solicitudes;
  • Asegurar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD.
  • Introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.

El establecimiento de un calendario para la introducción progresiva de estas medidas a lo largo de los tres años que durará el Plan de Choque, priorizando las que son más urgentes.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financiará, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una evaluación completa del SAAD que se realizará a lo largo de 2021, cubriendo como mínimo, los siguientes aspectos:

  1. Identificar las necesidades de mejora del sistema, de su gestión y de sus sistemas de información y estadísticas, y formular propuestas para la reforma de la LAPAD.
  2. Analizar y evaluar, en particular, el sector de centros residenciales, conociendo cuántas instituciones hay y sus características (tamaño, a qué personas apoyan, perfiles profesionales, localización, condiciones físicas, sistemas de financiación).
  3. Proponer mejoras en el sistema de la Acreditación de la Calidad de los centros sociales residenciales y de los servicios de proximidad (ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal, centros de día, etc.).
  4. Hacer una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados.
  5. Realizar un análisis del copago en su formulación actual en las distintas comunidades autónomas.
  6. Analizar con exactitud las aportaciones del sistema de cuidados, y en concreto del SAAD, y su impacto en la generación de empleo.

El Consejo Territorial abordará a lo largo de este año la posibilidad de introducir modificaciones en este sistema a partir de 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones antes señaladas.

En el mes de febrero de 2021 se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma e incluirá también medidas de simplificación de los trámites administrativos, entre las que se podrán valorar, entre otras, las siguientes:

  • Evitar la declaración de caducidad de los procedimientos por la inactividad involuntaria del solicitante.
  • Determinar que en la propia resolución de grado se establezca el PIA.
  • Permitir que los PIA puedan ser modificados en función de los cambios de circunstancia de las personas, sin que ello suponga reiniciar más procedimientos administrativos.
  • Una vez reconocido el grado de dependencia y, en tanto este no sea objeto de revisión, no deba tramitarse otro expediente desde el inicio para el reconocimiento de otra prestación que se considere más adecuada en sustitución de la anterior reconocida.
  • Derogar definitivamente la posibilidad de suspender hasta dos años la percepción de prestaciones económicas, quedando limitada a los 6 meses desde la presentación de la solicitud.
  • Valorar la posibilidad de establecer un “procedimiento urgente” de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad.
  • Articular los sistemas de atención a personas dependientes ante un traslado comunidad autónoma, reconociéndose automáticamente no solo el Grado de dependencia, sino implementándose el PIA de origen.
  • Mejorar los sistemas de información.

Al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.

A lo largo de 2021 se regulará la figura del Asistente Personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

Incluirá actuaciones para la capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona y la capacitación tecnológica.

Se revisarán en 2021 las aportaciones de las personas usuarias (copagos) y propondrá algunos criterios comunes que podrían aplicarse a partir de 2022.  Igualmente, nadie quedará excluido del sistema por no poder afrontar el copago y que el mismo será función de la capacidad económica de la persona y del coste de la prestación.

Enlace para acceder a la lectura del Acuerdo: https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2021/01/plan-dependencia.pdf

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