Manifiesto por la defensa de las Pensiones Públicas y Dignas

Nosotros y nosotras, los y las pensionistas, queremos defender no sólo nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos/as y nuestras nietas/os.

 El Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAEMPA) junto a la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), a la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de CCOO, la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), Mayores de Telefónica, la Federación de Asociaciones de Personas de Mayores de Cataluña (FATEC), El Consejo Andaluz de Mayores, la Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM), la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM) y el Consejo Regional de Personas Mayores de Extremadura, que representan a más de cinco millones de Pensionistas y 6.500 Asociaciones, han elaborado un Manifiesto en su firme compromiso EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS y DIGNAS.

Este Documento ha sido registrado en el Congreso de Diputados y dirigido personalmente a cada uno de los representantes de los partidos políticos de la Comisión del Pacto de Toledo

Durante la mañana del 16 de marzo, las organizaciones arriba indicadas, que representan a seis mil quinientas asociaciones de personas mayores y cuatro millones setecientos mil asociados, presentaron ante los poderes públicos el Manifiesto por la defensa de las Pensiones públicas y dignas.

 

 

1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Las entidades firmantes reiteran la pensión pública como un derecho reconocido en la Constitución en su Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Asimismo, afirman que derivar este derecho al sector privado supone que deja de ser un derecho de todas las personas.

 

2. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES EN BASE AL I.P.C.

Además, plantean la necesidad de garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, como establece la Constitución, pasa por garantizar la revalorización real de las pensiones, referenciándolas al IPC, proveyendo los recursos necesarios para la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de sus prestaciones.

Para las organizaciones firmantes, garantizar dicha suficiencia económica de las pensiones implica necesariamente la sustitución del Índice de Revalorización de Pensiones actual –el escueto “cuarto de punto”- por una fórmula de revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras.

 

3. DEROGACIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD ACTUAL Y SUSTITUCIÓN DEL IRP

En cuanto al factor de sostenibilidad, regulado en la forma de 2013, instan a los grupos parlamentarios a su derogación, ya que al vincular de forma obligatoria la evolución de la esperanza de vida a la cuantía de las pensiones, conducirá inevitablemente a una rebaja de las pensiones presentes y futuras.

Es imprescindible, para las organizaciones firmantes, que se incrementen las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y SOVI hasta alcanzar cuantías suficientes y adecuadas en cada caso, para garantizar un nivel de vida digno y adecuado a todas las personas pensionistas de nuestro país.

Así como elevar al 60% la base de cálculo para las pensiones de viudedad cumpliendo con lo aprobado en 2011. Ley 27/2011

 

4. UN PACTO DE ESTADO QUE GARANTICE LAS PENSIONES PÚBLICAS

Por último, en el manifiesto exigen un Pacto de Estado suscrito por todos los partidos políticos del arco parlamentario y con la participación de todos los actores sociales, que garantice un sistema de pensiones dignas, fiable y duradero, marcándose como objetivo común la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones actuales y futuras tramitándose en la comisión del Pacto de Toledo.

Siendo conscientes y firmes defensores de que el sistema de Seguridad Social se articula sobre el principio de solidaridad más amplio entre generaciones y entre territorios, también exigen, un trabajo digno y con derechos, y unos salarios suficientes como garantiza el artículo 35 de la Constitución Española que hagan posible el sostenimiento no sólo del sistema público de pensiones, sino también del conjunto del Estado de Bienestar.

Por todo ello, las organizaciones de mayores firmantes de este Manifiesto hacemos un llamamiento público a secundar las movilizaciones generales convocadas en defensa del sistema público de pensiones del próximo 17 de marzo y cuantas sean necesarias hasta alcanzar los objetivos señalados.